En un comunicado, el exgobernante califica el informe como histórico y destaca que “ha determinado, de manera inequívoca, que el Estado peruano violentó flagrantemente mis derechos humanos y que fui objeto de una detención arbitraria mientras ejercía el cargo de presidente de la República, el pasado 7 de diciembre de 2022”.

Se refiere así a que fue detenido por intentar la disolución del Parlamento opositor, sin contar con apoyo policial y militar, por lo que fue apresado, encarcelado y posteriormente depuesto.

El dictamen da la razón a la defensa de Castillo, según la cual el Congreso opositor no cumplió con la norma constitucional que determina que los captores, en vez de encarcelarlo, debieron entregarlo al Parlamento para que ejerza su defensa y en vez de ello, fue destituido en ausencia y por un número menor al legalmente exigido.

La mayoría congresal opositora argumentó que el procedimiento y la votación se aplicaron así porque se trataba de un caso de delito flagrante, lo que fue validado después por el Tribunal Constitucional, hecho que también cuestiona el Grupo de Trabajo de la ONU.

Castillo fue condenado a 11 años de cárcel por conspiración para una rebelión y en los últimos días la prensa habla sobre la posibilidad de que sea indultado por el presidente transitorio, José María Balcázar, quien está próximo a culminar su mandato.

El mandatario dijo esta semana que solo lo haría si se encontrara una fórmula legal para tomar la medida, la que ha considerado recomendable con fines de concertación.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, declaró durante la campaña electoral que podría considerar el indulto a Castillo, aunque sus críticos señalaron que fue una declaración de fines proselitistas.

El dictamen jurídico confirma, según la senadora electa Silvana Robles, que “el Congreso consumó una vacancia exprés, sin debido proceso, como parte de un complot para asaltar el poder”, y añadió que el caso no se trata de simpatías políticas, sino de democracia y respeto al derecho internacional.

El jurista conservador y ex ministro de Justicia Aníbal Quiroga subrayó que el dictamen del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas no es vinculante (de cumplimiento obligatorio), mientras el también jurista Carlos Rivera, experto en derechos humanos, sostuvo lo contrario, en la medida que Perú es miembro de la ONU.

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