El legislador del movimiento Revolución Ciudadana Christian Hernández fue quien presentó la demanda contra los funcionarios, acusados de intentar inducir al voto durante los días en que se supone que está prohibida la propaganda y el proselitismo.
Las autoridades demandadas son los ministros de Trabajo, Harold Burbano; de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque; de Producción, Luis Alberto Jaramillo; Roberto Kury, de Telecomunicaciones; Zaida Rovira, de Desarrollo Humano; Inés Manzano, de Ambiente y Energía; y Gian Carlo Loffredo, de Defensa.
Hernández los acusa de una presunta infracción electoral por haber difundido opiniones en medios digitales que indujeron a los electores sobre una posición o preferencia electoral.
Debido a que fueron presentadas por separado, cada denuncia será tratada por un juez distinto del TCE y, hasta ahora, los acusados no se han pronunciado sobre el proceso que enfrentan.
Anteriormente, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, señaló que el organismo no puede controlar la campaña en redes sociales.
El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, comentó a inicios de diciembre en una entrevista radial que las publicaciones realizadas por los ministros en redes sociales en pleno silencio electoral, sí constituyen una infracción electoral. Sin embargo, al igual que Atamint, advirtió que el vacío legal respecto a las redes sociales limita la capacidad del organismo electoral para sancionar estas conductas.
“Lamentablemente las normas no nos permiten a nosotros tomar acciones sobre esto que estamos llamando redes sociales”, declaró Pita, quien precisó que el control de campaña solo aplica para medios tradicionales y plataformas digitales registradas formalmente.
El pasado 16 de noviembre la mayoría de los ciudadanos rechazaron en las urnas las cuatro propuestas de consulta popular y referéndum promovidas por el presidente Daniel Noboa.
Según el conteo oficial, el No se impuso con el 61,8 por ciento en la pregunta que buscaba la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva carta magna que sustituyera a la actual, aprobada durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Por su parte, el 60,82 por ciento de los ecuatorianos se pronunció contra la eliminación de la prohibición constitucional de instalar bases militares extranjeras en el territorio nacional, una iniciativa sobre la cual ya Noboa dialogaba con Estados Unidos.
Además, el 53,7 por ciento dijo No a reducir el número de legisladores de 151 a 73 y el 58,3 por ciento se negó a eliminar el financiamiento público a los partidos políticos.
Representantes de colectivos que defendieron el voto por el No en la consulta consideraron que los resultados constituyen una victoria “colectiva” y un mensaje para que el mandatario rectifique su rumbo político.
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