La demanda obligó a declarar un receso (“cuarto intermedio”) hasta que se conozca el veredicto.
“Declaramos cuarto intermedio hasta nuevo aviso”, informó el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, el senador Miguel Rejas.
El titular brindó esa información al final de una prolongada sesión donde se conoció la medida cautelar dictada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en favor de la candidata inhabilitada Margarita Medrano Mayta.
La decisión judicial paralizó el proceso de preselección en el Legislativo, que se encuentra en la fase de exámenes orales.
Según se informó, la audiencia de Medrano Mayta está fijada para este lunes.
Rejas declaró ante la prensa que no lo habían notificado oficialmente y que el trabajo de la Comisión debía continuar.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui, informó que Rejas y el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Roberto Padilla, fueron notificados vía WhatsApp, lo cual en su opinión “es válido en este tipo de procesos”.
El 16 de abril se conoció de otro recurso presentado por el candidato inhabilitado Herculiano Capusiri Casana.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, integrada por los vocales René Delgado Ecos y Alexis Angles Mercado ordenó paralizar el proceso hasta tanto se pronuncie sobre la demanda, según reveló la red de televisión DTV.
Igualmente, se determinó que las mil 500 preguntas entregadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por universidades, colegios de abogados y las escuelas de jueces para las pruebas orales a los postulantes sean custodiadas en un salón del antiguo edificio de ese órgano legislativo.
Una notaría de fe pública realizó el registro de la caja con las preguntas y respuestas, según se informó.
De acuerdo con la normativa, todo el proceso de preselección en la ALP será en 80 días como máximo, y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene como tope 150 días para realizar todo el proceso eleccionario, o sea, existe un límite de 230 días para tener nuevas autoridades judiciales.
La situación creada con estos amparos recuerda la crisis generada por otro que en septiembre del año pasado fue remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional, y este demoró 89 días en emitir un fallo, lo cual frustró todo el proceso que debía cumplir en ese plazo la ALP
Finalmente, el TCP se autoprorrogó mediante una normativa, pese a que su mandato constitucional concluía el 31 de diciembre.
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