En su alegato de defensa ante la CIJ, el gobierno ecuatoriano intentó justificar su asalto a la embajada de México con el argumento de que fue un caso excepcional y que el asilo político otorgado al exvicepresidente Jorge Glas es ilícito porque sobre él pesan condenas por delitos comunes.
No obstante, México considera que Glas es un perseguido político y asegura que el gobierno de Daniel Noboa infringió el artículo 22 de la Convención de Viena sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.
Por otro lado, el ministro encargado de Energía y Minas de Ecuador, Roberto Luque, informó el martes que los apagones estarían suspendidos hasta mañana, domingo 5 de mayo, dada la mejoría de las reservas de los embalses que alimentan las hidroeléctricas.
Según el titular, la cancelación temporal de los cortes se debe también a la compra de electricidad a Colombia y a que la demanda energética está más baja de lo proyectado.
Además, explicó que prevén precipitaciones en la zona donde se ubican las principales cuencas que abastecen al complejo hidroeléctrico de la zona austral, mientras continúan con el proceso de estimulación de lluvias.
Paralelamente, esta semana se agudizó el dilema de la falta de comida en las cárceles ecuatorianas.
Un tribunal dio 15 días al Gobierno para asignar recursos y resolver el suministro de alimentos para las personas privadas de libertad.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de los reclusos solicitaron que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) permita el ingreso de comida y medicinas porque esa entidad estatal no lo garantiza.
Desde finales de abril la empresa proveedora de comestibles a las prisiones dejó de hacerlo por la falta de pago, aunque desde semanas antes los parientes de los encarcelados realizaron denuncias por esa situación.
El presidente Noboa acusó a la compañía porque, según dijo, esa firma acumuló 171 millones de dólares presuntamente destinados a financiar organizaciones criminales.
Tras la denuncia, el titular de esa empresa, Richard Villagrán, sostuvo que la acción es parte de un juego político y aseveró que dejó de suministrar los insumos ante la falta de pago por parte del Gobierno, que adeuda 30 millones de dólares desde noviembre de 2023.
Con críticas a la política económica de Noboa, miles de ecuatorianos salieron a las calles en el Día Internacional de los Trabajadores.
En la movilización del 1 de mayo en Quito, los ciudadanos se quejaron del alza del costo de la vida en medio de condiciones de empleo precarizado.
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