Según una nota de la CUT en el Distrito Federal (CUT-DF), hace seis décadas se perpetró la asonada castrense que azotó al país durante 21 años de oscurantismo.
Para recordar el período, marcado por la total falta de respeto a los derechos y garantías fundamentales, la CUT-DF informó que, titulada «60 años del 64, ¡Dictadura nunca más!», la acción comenzará con un acto en la Plaza Zombie dos Palmares, en el Sector de Diversiones Sur, más conocido como Conic.
«La idea es recordar ese período lamentable de la historia de Brasil, para que nunca más se repita algo así, sobre todo después de los recientes intentos de golpear la democracia, que asistimos con pesar», senaló el secretario de Derechos Humanos y Políticas Sociales de la CUT-DF, Cleber Soares.
Mañana continúan las acciones, con sesión solemne en la celebración de la democracia, en el Senado Federal.
Tal debate es propuesto por el mandato del congresista Randolfe Rodrigues y tendrá lugar en el Espacio Ivandro Cunha Lima.
Durante horario nocturno, el Santuario Don Bosco celebrará misa en memoria de los desaparecidos políticos durante el periodo castrense.
El 31 de marzo 1964, el proceso democrático brasileño fue interrumpido por el golpe civil-militar. Fue depuesto por uniformados el entonces presidente, elegido democráticamente, João Goulart, y los facciosos asumieron el Gobierno por más de dos décadas.
La CUT denuncia en un extenso texto que después del complot hubo cinco gobiernos bajo el mando de generales, que dieron lugar a procesos de corrupción, dependencia económica y crecimiento de la deuda externa.
El ciclo que precedió al golpe fue de lucha intensa por las llamadas reformas de base.
Principalmente marzo de 1964 fue de intensa agitación social, como por ejemplo el mitin en apoyo a las Reformas de Base, el día 13, que reunió a más de 150 mil personas en Río de Janeiro.
De acuerdo con la central unitaria, en los 21 años de dictadura, los trabajadores fueron las principales víctimas, como mostraron las investigaciones de la Comisión Nacional de la Verdad, creada por ley en 2014 en la administración de la expresidenta Dilma Rousseff.
Esa junta presentó su informe final, en el que se concluía que la práctica de las detenciones ilegales y arbitrarias, la tortura, la violencia sexual, las ejecuciones, las desapariciones forzadas y la ocultación de cadáveres eran el resultado de una política estatal.
Se identificaron 434 casos de muertes y desapariciones de personas bajo la responsabilidad del Estado brasileño durante el periodo 1946-1988.
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