Resaltan entre ellos erogaciones por obras no ejecutadas, salarios sin asistencias marcadas y hasta compras de bienes y servicios sin registro.
Otro hecho calificado de “preocupante” por Aguilera en conferencia de prensa es el destino del 53,51 por ciento del presupuesto departamental, equivalente a más de mil 174 millones de bolivianos (casi 168 millones de dólares), dedicado a la contratación y pago de recursos humanos.
“Este primer informe, lamentablemente, confirma que son necesarios procesos de auditoría especial”, sostuvo la autoridad.
Insistió Aguilera en que no se puede permitir “mal utilizar los escasos recursos que tenemos, lo necesitamos para atender las crecientes necesidades de nuestro pueblo, aún más en esta coyuntura de crisis financiera nacional y también departamental”.
Tras asumir como gobernador en suplencia de Luis Fernando Camacho, recluido en el penal de Chonchocoro desde diciembre de 2022 por el caso Golpe de Estado I, Aguilera anunció el inicio de una auditoría para conocer la situación de la Administración departamental.
El expediente Golpe de Estado I investiga el complot que forzó en 2019 la renuncia del expresidente Evo Morales y la imposición del régimen de facto de Jeanine Áñez.
Dos días después, Áñez y su gabinete firmaron el Decreto Supremo 4078 (conocido como de la Muerte), que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la represión contra quienes reclamaban restablecer el orden constitucional.
En ese contexto, ocurrieron masacres como las de Sacaba (Cochabamba), Senkata (El Alto) y el Pedregal (La Paz), con saldo de 38 muertos, miles de heridos, torturados y detenidos ilegalmente.
Aguilera informó que “este proceso de auditorías es el inicio de un diagnóstico de la situación en la que se encuentra nuestro Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz”.
De inicio, advirtió, “hemos podido conocer 40 observaciones, de diversas áreas de la Gobernación que deberán ser subsanadas, corregidas o lo que demanda la norma”.
Consideró que, algunas situaciones ameritarán una auditoría más profunda o especial, “lo que en algunos casos podrá derivar en procesos administrativos, civiles y, según corresponda, penales, debido a los posibles daños que se han generado a los recursos de todos los cruceños en nuestra institución”.
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