Así lo aseguró en una alocución transmitida en cadena nacionales en referencia a dos fallos judiciales que ponen reparos a la aplicación de la estrategia de seguridad concebida por su gobierno, específicamente en lo concerniente a los bombardeos contra grupos armados y a la fumigación aérea de los campos de coca.
“La Constitución es clara, al presidente le corresponde dirigir la fuerza pública, conservar y restablecer el orden público y dirigir las operaciones de guerra. Esas facultades, por supuesto, tienen límites. Pero una cosa es el control judicial y otra muy distinta, sustituir al gobierno, al presidente o al mando militar en la conducción operacional del Estado”, afirmó.
El comentario del mandatario tiene que ver con las órdenes emitidas, por tres juzgados diferentes, de suspender los ataques aéreos cuando se presuma de la presencia de menores en las filas de las estructuras armadas.
También alude a un fallo judicial que orientó suspender un plan piloto de aspersión aérea en el departamento de Putumayo con glufosinato de amonio, un agroquímico categorizado por la Organización Mundial de la Salud como “moderadamente peligroso”.
Con respeto a la primera cuestión, consideró que “no podemos permitir que un cabecilla llegue a la conclusión de que llevar menores a un campamento le garantiza inmunidad frente a la acción del Estado”, porque “produciría un incentivo perverso”.
Expresó además que la fumigación de los campos de coca deberá contar con el soporte técnico ambiental, sanitario y territorial necesario, cumplir los procedimientos correspondientes y hacer lo que en derecho debe hacerse.
De la Espriella remarcó, no obstante, que una vez cumplidas esas exigencias, la definición y ejecución de la política contra el narcotráfico corresponde a las autoridades constitucionalmente competentes para ello.
Estimó que la tutela (un mecanismo que permite a cualquier persona solicitar la protección inmediata de sus derechos si los considera amenazados) será respetada por su gobierno, aunque enfatizó que el Estado de Derecho también implica que “cada rama del poder público ejerza las competencias que la Constitución le asignó”.
Ante ese escenario, afirmó que dio instrucciones para que la defensa jurídica del Estado actúe con “firmeza”.
“Respeto absoluto por la justicia, pero defensa igualmente firme de las competencias constitucionales del presidente para conservar el orden público, dirigir la fuerza pública y proteger a todos los colombianos. Esa será la posición de mi gobierno”, aseveró.
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