Debido a la orden de la Corte Constitucional (CC) de suspender el dictado por el Congreso el 30 de noviembre pasado y validado por el presidente del país, Alejandro Giammattei, regirá el techo de gastos de 116 mil 130,6 millones de quetzales (casi mil millones de dólares).
El ministro amplió que estuvo a la espera de que los magistrados tomarán una decisión final antes del 31 de diciembre con relación al de 2024, pero, como no ocurrió, se resolvió abrir con el precedente, oficializado por el Acuerdo 1-2024 en el Diario de Centro América.
Interrogado por la prensa local sobre lo que ocurriría si la CC emite una resolución definitiva y cambia de parecer, Martínez indicó que «sería difícil botar la ejecución que se inició hoy e iniciar con otro presupuesto». Mediante un comunicado dirigido a los legisladores, a Giammattei, y al pueblo, el mandatario electo Bernardo Arévalo calificó a inicios de diciembre último el documento respaldado por el oficialismo y bancadas aliadas de absurdo, corrupto e ineficiente.
Representa una traición directa a los valores y necesidades del pueblo, remarcó el abanderado del partido Movimiento Semilla que intentó impedir la decisión con más de 160 enmiendas, sin ser analizadas.
Expresó que los legisladores actuaron en contra de los intereses y el bienestar del pueblo de Guatemala, y agregó que la responsabilidad constitucional de estos era proteger y servir a la nación, pero eligieron el camino de corrupción y traición a su patria, subrayó.
Diferentes organizaciones de este territorio rechazaron la decisión adoptada el 30 de noviembre y recomendaron a Giammattei vetar el Presupuesto de Guatemala para 2024.
Este dejaba a Arévalo con las manos atadas, ya que estaba plagado de candados, a partir de los cuales debía pedir constantemente aprobaciones al Congreso.
La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana precisó, por ejemplo, sobre la emisión, colocación y negociación de Bonos del Tesoro, cuyos vencimientos durante el ejercicio fiscal –acotó- requieren la previa aprobación del Legislativo.
Una eventual falta de consenso entre el Ejecutivo y el Congreso pone en peligro el cumplimiento de las obligaciones financieras y la calificación de riesgo país, cuidada por décadas, enfatizó.
Ahora la administración que asumiría el próximo 14 de enero contaría con una cifra inferior en más de ocho mil millones de quetzales (poco más de mil millones de dólares).
Sin embargo, advirtieron analistas, deja abierta la posibilidad de cabildear con la nueva legislatura para lograr una o varias ampliaciones.
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