Los agentes tocaron la puerta de la casa y nadie abrió ni respondió, ante lo cual los policías rompieron la puerta con una herramienta contundente usada en acciones similares y procedieron al registro.
Boluarte no se encontraba en el domicilio, donde solo estaba uno de sus hijos, según fuentes del Ministerio Público, y aproximadamente una hora después salieron tres de los cinco fiscales a cargo del registro.
La operación causó sorpresa, por realizarse en un día feriado religioso, aunque el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, comunicó públicamente que la presidenta había incurrido en rebeldía y que los fiscales deben aplicar con urgencia los procedimiento pertinentes para acceder a los relojes.
La drástica medida fue ejecutada debido a que la mandataria no recibió a los fiscales los días 26 y 27 de marzo, cuando estaban programados diligencias referidas a la investigación abierta a la gobernnte por presunto enriquecimiento ilícito por la posesión no declarada de al menos tres costosos relojes Rolex.
El interrogatorio a la mandataria y el examen de los relojes -para observar los números de serie e investigar la compra- fueron eludidos por la mandataria, que pidió postergarlos con el argumento de que tenía actividades oficiales que cumplir, lo que el fiscal Villena consideró inconsistente y un obstáculo para las pesquisas.
Tras la revelación periodística de los relojes, Boluarte declaró que los había comprado con el fruto de su trabajo y que los tenía desde hace mucho tiempo y rechazó más preguntas alegando que se trataba de un asunto personal.
Sin embargo, el dueño de la joyería que tiene la exclusividad de la venta de los relojes declaró a la Fiscalía que la presidente no compró ningún reloj ni otro producto.
El allanamiento se produjo en medio de críticas a Boluarte porque poco antes de no recibir a los fiscales declaró a la prensa que iba a decir la verdad sobre el asunto a la Fiscalía, y pedidos de vacancia (destitución) parlamentaria.
ro/mrs
