Según fuentes del entorno judicial son perseguidos políticos por su defensa del ambiente ante planes del gobierno de reinstaurar la minería metálica tras la suspensión de una ley que prohibía esa acción.
La decisión fue replicada en redes sociales por personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos y contrarias a la minería metálica en el país.
Los cinco procesados conocidos como los ambientalistas de ADES Santa Marta fueron liberados el pasado 18 de octubre pero una apelación de la fiscalía obligó a un segundo proceso cuyos resultados fueron divulgados este miércoles.
La fiscalía pedía 41 años de cárcel para los líderes comunales por el presunto asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, crimen supuestamente ocurrido el 22 de agosto de 1989, durante la guerra.
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