Legislación pretende frenar alza de LUMA Energy en Puerto Rico

San Juan, 13 nov (Prensa Latina) La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó hoy por unanimidad una Resolución Conjunta, para detener por los próximos 24 meses cualquier aumento abusivo en la tarifa eléctrica del consorcio privatizador LUMA Energy.

La medida, presentada por el diputado Ángel Fourquet Cordero, del Partido Popular Democrático (PPD), junto a Víctor Parés Otero, del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), establece una moratoria de dos años que prohíbe al Negociado de Energía de Puerto Rico considerar o aprobar aumentos tarifarios solicitados por LUMA Energy o cualquier entidad vinculada a la operación del sistema eléctrico del país.

La legislación ordena además una auditoría independiente del sistema tarifario, enfocada en la transparencia, la eficiencia y la protección del consumidor.

“Los puertorriqueños no pueden seguir cargando con aumentos injustificados en la factura de luz; menos ahora que el Negociado quiere aumentar la tarifa base. En la Cámara tomamos acción con esta medida que busca darle un respiro al pueblo contra los abusos de LUMA Energy”, afirmó el legislador del PPD.

Tanto las residencias como el comercio en Puerto Rico, han enfrentado el aumento desmedido de la energía eléctrica desde que hace cuatro años comenzó su proceso de privatización mediante legislación de ambos partidos, lo que ha resultado devastador para las operaciones de los negocios y el costo de vida de cada familia.

Fourquet Cordero destacó que la moratoria no limita las revisiones que resulten en reducciones tarifarias y promueve decisiones energéticas basadas en evidencia, eficiencia y transparencia.

“Tenemos que proteger los intereses del pueblo puertorriqueño y asegurar que los costos de energía sean razonables para no seguir atentando contra el bolsillo de los puertorriqueños”, aseguró el representa el Distrito 24 de Ponce.

En la actualidad se pretende un alza que incrementaría la factura en unos 40 dólares mensuales, que implicaría el estrangulamiento de muchos negocios y la imposibilidad de numerosas familias de cumplir con el pago.

La legislación sancionada debe pasar a la atención del Senado de Puerto Rico.

rc/nrm

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