Tras una jornada de protestas y represión, la Cámara alta del Congreso registró anoche un empate en el debate general de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, cuya aprobación fue definida por la vicepresidenta de este país y titular de ese ente, Victoria Villarruel.
En su conjunto, el proyecto recibió el respaldo de 36 senadores y la negativa de igual cantidad, y durante el análisis por títulos fue también Villarruel quien decidió que fueran otorgadas facultades legislativas al presidente Javier Milei.
El texto analizado sufrió varios cambios y contiene solo 232 artículos de los 664 incluidos en un inicio.
De ser ratificado nuevamente por ambas cámaras, el mandatario podrá declarar la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año y estará autorizado a tomar decisiones sin pasar por el Congreso, aunque sus decretos serán analizados por una comisión.
Por otra parte, fue aprobado el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, el cual establece beneficios normativos, impositivos, aduaneros y cambiarios durante 30 años para los grandes capitales.
La ley también permite la privatización de empresas públicas, aunque quedarían fuera de esa medida Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio Nacional, entre otras.
Además, establece una reforma laboral que fue calificada por el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, como el mayor fraude de la historia de Argentina.
Se trata de una reforma absolutamente regresiva que una vez instalada, será muy difícil revertirla. Ni un solo artículo supone un derecho o beneficio para los ciudadanos, añadió.
Con esta ley todas nuestras riquezas serán arrasadas. El Gobierno decidió poner el Estado al servicio de las corporaciones extranjeras. No caben dudas que están convirtiendo al país en un laboratorio mundial del liberalismo, promoviendo la utopía del mercado autorregulado, indicó.
El Senado también aprobó un paquete fiscal, pero rechazó la restitución del impuesto a las ganancias y el apartado referido a los bienes personales.
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