Ante la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, el historiador Juan Paz y Miño recordó que el Palacio de Carondelet, sede de la presidencia de la República, fue abierto al público en 2007 y el Museo se inauguró en 2017, poco antes de concluir el mandato de Rafael Correa.
Por primera vez, se montó un espacio que contaba con 11 mil objetos obsequiados al gobernante, el 82 por ciento eran regalos nacionales y el resto presentes de otras naciones, todo valorado entre dos y 2,5 millones de dólares, explicó Paz y Miño.
De esa forma, comentó el académico, el mandatario cambió el concepto de “regalos personales” por el de “obsequios al Estado” y, por tanto, sus piezas y bienes pasaron a ser patrimonio nacional.
Las autoridades competentes deben actuar para establecer las responsabilidades legales en torno a ese escandaloso desmantelamiento, exigió el historiador en referencia a la desaparición de unos ocho mil objetos, entre los que había joyas y otros bienes de enorme valor.
María Alexandra Guarderas, exauxiliar de servicio del Palacio de Gobierno, declaró que durante la gestión del expresidente Moreno se identificaron varios funcionarios presuntamente involucrados en la sustracción de piezas del museo, cuyos casos reposan en la Fiscalía.
Según Guarderas, una vez que Moreno llegó al poder, ordenó al director administrativo del Museo desmontarlo de forma secreta y llevar los objetos a la casa de reserva militar y al Museo del Pasillo.
Por su parte, los expertos en gestión cultural Andrea Encalada y Luis Puente Hernández Coincidieron en la gravedad del delito cometido contra el patrimonio nacional.
“Un país sin memoria, es un país sin historia”, expresó Encalada, que consideró muy difícil recuperar ese sitio pues en 2021 el entonces presidente Guillermo Lasso recibió apenas tres mil piezas, cuando en total eran de 11 mil.
Tras las revelaciones, los legisladores propusieron presentar una denuncia ante la Fiscalía por el delito de pérdida o sustracción de elementos patrimoniales, sin embargo, ya existe una acusación previa interpuesta por la asambleísta Pamela Aguirre en febrero de 2022 que duerme en la institución.
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