La Corporación Aceros del Pacífico (CAP), dueña de la acería, anunció el cierre de las instalaciones debido a las pérdidas ocasionadas por una supuesta competencia desleal de exportadoras chinas, que venderían por debajo de los costos de producción.
Con este argumento la transnacional apeló a la Comisión Antidistorsiones, un órgano estatal multidisciplinario, para aplicar aranceles complementarios a la nación asiática de entre 25 y 32 por ciento, según el tipo de productos que ingresan a Chile.
La entidad aceptó imponer recargos por un promedio de 15 puntos porcentuales, lo cual fue considerado insuficiente por la CAP, que insistió en clausurar la siderúrgica.
Especialistas en la materia señalaron, sin embargo, que por encima del presunto dumping chino, la fundición es una empresa ineficiente y allí está la causa de sus problemas financieros.
Así lo señaló el economista Claudio Agostini, quien se refirió al hecho de que, cuando se anunció el cierre de Huachipato, las acciones de la CAP subieron de valor, en lugar de bajar, lo cual demuestra que, a su juicio, el problema está en la acería y no en el mercado.
El caso es que, independientemente de la raíz de la situación, hay más de 20 mil empleos en peligro y los trabajadores insisten en una solución, la cual podría pasar por la nacionalización de la planta.
Héctor Medina, presidente del Sindicato número 1 de la empresa, sostuvo que hay confianza en el resultado de las gestiones que se realizarán en la sede del Gobierno, pues la causa concita un apoyo mayoritario en varios sectores.
Mientras, el presidente de la Mesa por la Defensa del Empleo y la Industria Regional, Iván Montes, señaló que la movilización desde el Biobío es general y no sólo de las agrupaciones gremiales.
Autoridades de esa zona aseguraron que la siderúrgica, además de ser una importante fuente de trabajo, dinamiza otras ramas de la economía local y su cierre sería una tragedia.
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