Por Carmen Esquivel
“Los indígenas somos los más afectados por las agresiones porque tenemos un vínculo muy fuerte con la madre tierra, con la protección y conservación de la naturaleza”, declaró a Prensa Latina la coordinadora de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, Dina Juc.
La también alcaldesa indígena guatemalteca explicó que, con el objetivo de proteger a la humanidad misma y a las nuevas generaciones, ellos se oponen a los modelos económicos extractivistas y destructivos del entorno y por eso son vistos por Gobiernos y Estados como enemigos del desarrollo.
En el caso de Guatemala hay una alta tasa de criminalización contra hermanos q’eqchies, poqomchiés y quichés y en toda la región mesoamericana también, dijo.
Miembros de organizaciones autóctonas de Centro y Sudamérica participaron este fin de semana, junto a la sociedad civil, en un encuentro efectuado en el Centro Cultural de España y en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
La llamada PreCop 3 antecede a la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, primer tratado medioambiental de la región, que comenzará el lunes en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Dina Juc explicó que uno de los propósitos de los pueblos originarios es tener voz propia en la COP 3 porque ellos no tienen el mismo acceso a la justicia, primero por ser indígenas, luego por ser mujeres, por no hablar el mismo idioma y por las brechas económicas.
Nosotros, como cualquier ser humano, merecemos tener una vida digna, tranquila, sin miedo a que en cualquier momento pueda venir una orden judicial y decir: ustedes tienen que retirarse de este territorio, declaró.
De acuerdo con la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena, durante los últimos 10 años murieron mil 335 personas por causas relacionadas con el avance de la frontera extractiva en sectores de hidrocarburos, forestal y minero.
También en zonas de desarrollo de proyectos de infraestructura vial que potencian actividades ilícitas como la tala y la minería ilegal, narcotráfico y redes del crimen organizado transnacional.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como de Escazú, fue adoptado en la ciudad costarricense del mismo nombre en 2018 y entró en vigor en 2021.
Hasta el momento ha sido firmado por 24 países de la región y cuenta con 15 Estados parte: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.
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