Muñoz presentó su dimisión ante el presidente de la República, Gabriel Boric, luego de que el viernes la Fiscalía ordenara el allanamiento a su vivienda y oficina, y anunciara su formalización el próximo martes por revelar información secreta al abogado Luis Hermosilla.
Este letrado, conocido por llevar procesos de alto impacto, está involucrado en el llamado Caso Audios, que estalló en 2023 cuando se filtró una grabación sobre pagos irregulares a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión del Mercado Financiero para lograr información privilegiada.
Pericias realizadas al celular de Hermosilla arrojaron datos sobre hechos constitutivos de delitos que involucran directamente al ahora exdirector de la PDI.
Con casi 40 años de carrera, Muñoz asumió el cargo en 2021 durante el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera (2018-2022).
Para el diputado Boris Barrera, resulta extremadamente grave que se allane la oficina y la casa del director general de investigaciones, o sea, la autoridad máxima que debe velar por la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
Otro tema que ocupó las principales páginas de los diarios esta semana fue la solicitud del alcalde de la capitalina comuna de Maipú, Tomás Vodanovic, de desplegar militares en las calles con el fin de enfrentar la violencia.
“Tenemos una situación compleja en muchos barrios de nuestro país, particularmente en la Región Metropolitana”, reconoció la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.
No obstante, consideró la también senadora que el armamento, las condiciones y la preparación de las Fuerzas Armadas para enfrentar al enemigo, no es la adecuada para estar en los barrios donde hay niños y civiles transitando.
Para el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, destinar las Fuerzas Armadas al control del orden público debilitaría a las policías.
“La evidencia a nivel mundial y latinoamericano muestra que en conflictos de carácter social o criminal, ni la presencia de militares sirve para disuadir ni tampoco para resolver el conflicto mismo, sino que son las policías las que tienen la capacidad mayor», afirmó.
En opinión de la ministra de Defensa, Maya Fernández, las Fuerzas Armadas no pueden reemplazar la tarea policial.
“El orden público en lugares, en poblaciones, tiene que ver con tareas de las policías”, dijo.
No obstante, señaló que los militares si pueden tener presencia en sitios sensibles a la acción delictual por su función estratégica, como estaciones de metro o terminales de buses.
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