Esa comisión realizará acciones políticas, jurídicas y diplomáticas para poner fin al secuestro por Estados Unidos del mandatario de Venezuela y de Flores.

Tal anuncio fue realizado por el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Freddy Ñáñez, quien señaló que la comisión la integrarán representantes de distintas instituciones del Estado, para articular una respuesta unificada frente a una agresión directa contra la soberanía nacional.

De acuerdo con fuentes oficiales, la comisión tendrá como prioridad activar mecanismos del derecho internacional, establecer contactos con gobiernos aliados y organismos multilaterales.

Además, la nueva entidad impulsará una estrategia comunicacional que visibilice el caso en foros regionales y globales, especialmente en espacios como la ONU y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

El Gobierno venezolano sostiene que esta situación forma parte de una escalada de presión política contra el país y reafirma que no reconocerá ninguna acción que vulnere el mandato popular.

Las autoridades del país suramericano reiteraron su llamado a la solidaridad internacional y a la defensa del principio de autodeterminación de los pueblos.

Caracas calificó las acciones de Washington como una “gravísima agresión militar” y advirtió que el objetivo de los ataques “no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación”.

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