En un comunicado la institución informó que los delitos cometidos por estos ciudadanos estuvieron orientados a generar desestabilización y a desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano.

Puntualizó que estas acciones se enmarcan en el proceso de revisión integral de causas, instruidos por el presidente Nicolás Maduro, a través del cual el Estado evalúa de manera individual cada situación, y adopta, conforme a la Ley, medidas cautelares.

Todo ello forma parte de una política de justicia con enfoque humanista y de preservación de la paz.

La nota subrayó que, pese al contexto de asedio permanente contra la nación, el “Estado venezolano garantiza a las personas privadas de libertad un trato digno, el respeto a sus derechos humanos y la atención integral”.

Reafirmó, asimismo, el compromiso del Gobierno bolivariano de actuar en defensa de la estabilidad, la justicia social y la soberanía nacional.

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