Anunciado por el presidente Javier Milei el 20 de diciembre, el DNU dispone el desarme de normativas como la de alquileres, abastecimiento, tierras, promoción industrial y comercial.

También aprueba la reforma del régimen laboral, apunta a la privatización de empresas públicas, modifica el Código Civil y Comercial, cambia el marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales.

El decreto debe ser analizado por una Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, conformada por ocho senadores y ocho diputados.

Si dicho ente no se reúne y emite un dictamen en un plazo de 10 días hábiles, el documento tendrá que ser debatido en el pleno de cada cámara del Congreso.

El DNU estará vigente mientras no sea rechazado por la mayoría absoluta de esos organismos.

Si una de ellos lo aprueba o el Congreso no se manifiesta, quedará firme.

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