El máximo tribunal desestimó en tal sentido un recurso de la defensa del exmandatario que pidió dejar sin efecto la medida, por considerar que vulnera sus derechos, algo que ha intentado en vano en más de 20 oportunidades.
El tribunal dictaminó que los argumentos del abogado de Castillo “no resultan pertinentes, conducentes o útiles” para la revisión de la prisión preventiva a la que Castillo está sometido.
Castillo, quien solo se mantuvo en el gobierno menos de 17 meses, es acusado de rebelión por intentar mediante un decreto la disolución del Parlamento adverso a su administración, y también es investigado por presuntos actos de corrupción.
Previamente, el Poder Judicial declaró improcedente la tutela de derechos solicitada por el expresidente contra lo que considera vulneración de sus derechos al debido proceso y presunción de inocencia.
El recurso de Castillo alega que fue detenido y destituido por el Parlamento al margen del procedimiento constitucional establecido, por lo que pidió recuperar la libertad y que queden sin efecto las sucesivas acciones en su contra, ante lo cual el Parlamento que lo cesó alega que incurrió en delito flagrante.
El exgobernante niega las imputaciones de corrupción y en el cargo de rebelión su defensa sostiene que el código penal lo aplica a quienes se alzan colectivamente en armas contra la ley, lo que no hizo Castillo.
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