De acuerdo con los profesionales, en el país norteño Assange será perseguido por delitos políticos y, por tanto, corre un riesgo real de sufrir una flagrante violación de sus derechos procesales.
Si bien el ejecutivo británico autorizó en junio de 2022 su traslado a Estados Unidos, el acusado busca el agotamiento de todas las vías posibles para evitar esa determinación.
Como resultado de ello, dos jueces son los encargados actualmente de decidir si su caso merece un nuevo examen o si queda cerrado y, en este punto, quedaría como alternativa final el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El proceso arrancó este martes y acontecerá durante dos días, sin la presencia de Assange, ausente por razones médicas.
Según los abogados poner en marcha la extradición implicaría la criminalización del periodismo de investigación, pues sus acusaciones derivan del material secreto publicado por el sitio Wikileaks y supone una condena de hasta 175 años de cárcel en un centro de máxima seguridad.
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