La presidenta Zuzana Caputova anunció antes que había firmado una reforma de la legislación penal previamente aprobada por el Parlamento, pero como no estaba de acuerdo con las enmiendas propuestas enviaría el documento al Tribunal Constitucional.
A principios de febrero el Parlamento apoyó la reforma del derecho penal sugerida por el gobierno, contra la cual hubo periódicamente numerosas protestas en el país desde finales de 2023.
Las novedades prevén la mitigación de las penas por algunos delitos económicos, de corrupción y patrimoniales y la liquidación de la fiscalía especial.
La oposición indicó que esa última propuesta se debía a que el gobierno quería dejar de investigar casos políticamente delicados.
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