miércoles 24 de abril de 2024
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Polémica entre primer ministro y Contraloría estalla en Perú

Lima, 1 mar (Prensa Latina) Una controversia quedó planteada hoy en el Estado peruano, al rechazar la Contraloría General críticas del primer ministro Alberto Otárola a ese organismo, en torno a la corrupción existente en el país.

El citado organismo autónomo rechazó declaraciones de Otárola, ante un informe del contralor general, Nelson Schack, sobre contrataciones de funcionarios, hechas verticalmente y “a dedo”, con un gasto equivalente a más de cinco mil 100 millones de dólares, monto suficiente para eliminar la pobreza en dos años.

El primer ministro dijo que la Contraloría tiene todo el apoyo del Gobierno para analizar las presuntas contrataciones.

Agregó que, si de transparencia se trata, habría que hablar de los mil 600 millones de soles (más de 420 millones de dólares) que la Contraloría tiene en su cuenta bancaria y que podrían servir para construir 100 postas médicas y 60 hospitales u otras obras.

La Contraloría respondió en un comunicado que las declaraciones del primer ministro fueron tendenciosas, por dar a entender que falta transparencia en las cuentas de ese organismo.

La respuesta agregó que la página de Internet de la Contraloría y sus informes de gestión muestran toda la información financiera del órgano de control, en los que se puede comprobar que la declaración de Otárola “es tendenciosa”.

Agregó que la Contraloría publica informes sobre las conultorías contratadas por el Estado, pero solo 55 por ciento de los organismos estatales cumplen con registrar la información que justifique sus gastos en ese rubro e insistió en que el aparato estatal hizo en 2023 cuantiosas contrataciones de consultorías.

Aseguró también que sus fondos están destinados a su labor de fiscalización cuyo propósito es revelar acciones irregulares en la administración de recursos estatales.

Ello incluye, señaló, actos de corrupción, conductas inapropiadas funcionales, adjudicaciones indebidas y asesorías en el aparato gubernamental.

El informe que dio pie a la controversia consigna también que en 2023 Perú perdió 24 mil 268 millones de soles (6,420 millones de dólares) por irregularidades.

Los casos involucran a nueve mil 338 funcionarios del Gobierno nacional y de las administraciones regionales y municipales y a tres mil 394 de ellos se les imputa responsabilidad penal.

lam/mrs

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