Un comunicado de la Cancillería indicó que en la audiencia de noviembre último quedó “amplia y suficientemente demostrado” que el proceso incoado ante la Corte Penal Internacional (CPI) responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal con fines políticos.

Todo ello, apuntó, sobre la base de “una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad”, que nunca ocurrieron.

El texto manifestó que toda esta maniobra fue construida a partir de la “manipulación de un reducido conjunto de delitos” que, como se evidenció con toda la información aportada por Venezuela, han sido o están siendo debidamente investigados y sancionados por las autoridades del sistema de justicia venezolano, como establece la Constitución.

La nota lamentó que mientras el mundo observa con horror como el pueblo palestino es víctima de un “cruento genocidio ante la inacción de la burocracia internacional”, llamado a impedirlo o detenerlo, la CPI optó por invertir su tiempo y los escasos recursos disponibles para seguir adelante.

Venezuela expresó que estas acciones “claramente desnaturalizan su razón de ser y minan su credibilidad” como organismo de justicia internacional.

Reiteró que, como Estado soberano, la República Bolivariana tiene derecho a llevar a cabo sus propios procesos penales en sus tribunales internos, sin injerencias externas.

Ratificó, asimismo, que sigue dispuesta y en condiciones para investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en su territorio soberano.

El texto señaló que desde hace algún tiempo Venezuela “ha trabajado estrechamente con la Fiscalía de la CPI” para diseñar un programa de asistencia técnica orientado a seguir fortaleciendo las capacidades de las instituciones del Estado.

Agradeció en ese sentido, la asistencia brindada y “ratifica que no es necesario ni apropiado que la Fiscalía lleve a cabo investigaciones separadas o adicionales”.

El Gobierno bolivariano renovó su firme compromiso con el estado de Derecho y la legalidad internacional, al tiempo que “continuará haciendo uso de todas las acciones disponibles” para revertir con la verdad todos estos mecanismos de instrumentalización política de la justicia penal internacional.

rgh/jcd