De acuerdo con la titular del CNE, al Ministerio de Finanzas destinará 40 millones de dólares para el desarrollo de ambos procesos y no los 60 millones presupuestados por el ente electoral.
Altamaint señaló también que existen retrasos en el desembolso de recursos, lo que ralentiza los procesos de adjudicación para contratar productos y servicios, aunque sea régimen especial, manifestó.
Los montos más urgentes son para la impresión de papeletas, la integración de paquetes electorales y para el pago del personal que trabajará de forma ocasional desde el 1 de abril en el CNE, añadió.
La funcionaria alertó que el próximo lunes ya tenían que empezar a imprimir las papeletas electorales y el presupuesto todavía está en proceso, reclamó.
Altamaint reiteró que el CNE arrastra «muchos millones de dólares previo a la consulta popular» relacionados con deudas del con proveedores de procesos anteriores, pues de las elecciones de 2023 aún queda pendiente el pago de seis millones 800 mil dólares, indicó.
Unos 13 millones de ecuatorianos están habilitados para votar y 429 mil residentes en el exterior podrán sufragar desde los países donde se encuentran.
Los ciudadanos en esta nación sudamericana deberán responder Sí o No a 10 preguntas propuestas por el presidente Daniel Noboa, así como a otra interrogante sobre la participación de las Fuerzas Armadas en acciones contra la inseguridad de forma permanente.
Los cuestionamientos que conllevarían modificaciones a la Carta Magna están relacionados con la eliminación de la prohibición de extradición de personas ecuatorianas y la incorporación de judicaturas especializadas en materia constitucional.
Otras interrogantes buscan reformas a leyes vigentes sobre el control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas, tipificación de delitos por tenencia de armas, e incremento de penas para terrorismo o delincuencia organizada.
Analistas consideran que para el mandatario, la consulta busca generar legitimidad a su política de seguridad que, de ser exitosa, podría catapultarlo en sus intenciones de postularse para un nuevo periodo de cuatro años en los comicios de febrero del 2025.
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