“No se puede prescindir de un órgano constitucional tan importante como, en este caso, es la Junta Nacional de Justicia”, dijo sobre la inhabilitación por 10 años a los magistrados de la JNJ Aldo Vásquez e Inés Tello, el pasado jueves.
Invocó para su reclamo el pronunciamiento reciente de la Conferencia Episcopal Peruana, que exhorta a las autoridades que dejen de lado intereses particulares y encuentren, a través del diálogo, una salida democrática a la que considera grave crisis política nacional.
Señaló además que las autoridades deben buscar soluciones eficaces a los urgentes problemas que agobian al pueblo en materia de salud, educación, economías ilegales, destrucción de la Amazonía, delincuencia y sicariato que, dijo, tienen en permanente zozobra a la sociedad.
De otro lado, el diario La República recordó un precedente judicial que fortalece la posición de juristas y parlamentarios opositores que impugnan la votación de la inhabilitación a la magistrada Tello, porque en la misma sufragaron los miembros de la Comisión Permanente del Parlamento José Luna y José Jerí.
La intervención indebida de los legisladores, registrada en 2018, se basó en un acuerdo de la Junta de Portavoces de las bancadas, según la cual los miembros de la Comisión Permanente que no voten en la aprobación previa de la sanción pueden hacerlo en el pleno que decida finalmente sobre el castigo.
La Corte Superior de Lima dictó en abril de 2023 una sentencia que anuló la votación, la cual privó de sus curules a tres de los legisladores.
Para ello argumentó que en la misma participaron ocho integrantes de la Comisión Permanente, lo que prohíbe la Carta Magna.
Al aplicar ese antecedente en el reciente caso, el Legislativo obvió como referencia el fallo del Poder Judicial, que anuló aquella votación.
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