El legislativo, con una mayoría de neoliberales y centristas, aprobó una norma que reduce de tres a un año el plazo de los procesos de la llamada colaboración eficaz, que propicia la delación de elementos involucrados en delitos de gravedad y ha permitido procesar y condenar acusados de corrupción.
La ley invoca los derechos humanos y el carácter garantista de la justicia, así como la lentitud del sistema judicial, pero recibe críticas porque puede favorecer a exgobernantes, políticos y empresarios investigados o juzgados por corrupción en agravio del Estado, casos que por su complejidad pueden requerir prolongadas pesquisas.
Un proyecto de ley, listo para su aprobación, dispone que se archiven los casos de crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, cuando ese tipo de delitos fueron incorporados a la legislación penal peruana y antes de ese año prescribían en 20 años.
Quienes se oponen al proyecto citan el hecho de que en la década pasada el Tribunal Constitucional adoptó el criterio de que esos delitos, por su gravedad, son perseguibles desde 1945, cuando el Tribunal de Nuremberg juzgó a jerarcas nazis por ese tipo de crímenes y los declaró imprescriptibles.
Además, señalan que el Estado peruano es firmante de seis convenciones internacionales que declaran que no hay plazos para sancionar delitos de ese carácter.
El jurista Juan José Quispe, experto en derechos humanos comparte las posiciones de parlamentarios progresistas y periodistas según los cuales la llamada “ley de la impunidad” dejaría sin efecto el juzgamiento, en marcha, al exgobernante Alberto Fujimori como autor mediato de la matanza de seis campesinos inermes, en 1992.
También quedarían impunes los militares involucrados, entre ellos integrantes del Grupo Colina, destacamento ilegal del Ejército dedicado a dar muerte a sospechosos de terrorismo y autor de otras dos masacres por las que fue condenado Fujimori, recientemente excarcelado por un polémico indulto.
La mayoría parlamentaria dio también una nueva vuelta de tuerca conservadora al aprobar la llamada “Ley del no Nacido”, que declara la protección a la maternidad pero que, sin nombrarla, implica la proscripción del aborto terapéutico, al sostener que el Estado protege el derecho a la vida del ser humano por nacer.
A eso se sumó el rechazo a la acusación constitucional por delito de concusión a la legisladora María Cordero, y a su inhabilitación para ejercer cargos públicos, porque obligaba a un funcionario de su despacho que le entregue 60 por ciento de su salario mensual.
Pese a a haber sólidas evidencias contra la congresista conservadora, las medidas no alcanzaron los votos de la mitad más uno de los 130 congresistas.
Ante tal situación y las inmediatas críticas recibidas, por el resultado y extremos como la defensa abierta de la congresista por un legislador que alegaba que la mayoría de los casos similares no fueron sancionados, hubo una reconsideración.
Finalmente el pleno votó medidas menos drásticas y que requerían solo mayoría simple, con lo que se logró levantar la inmunidad parlamentaria a Cordero y ponerla a disposición del Ministerio Público, así como suspenderla como congresista mientras es investigada.
Sigue por otra parte, la polémica por la destitución de dos magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) porque una de ambos, Inés Tello, seguía en funciones pese a haber superado la edad límite de 75 años, por una diferencia de interpretación de ese tope con el paso de un lustro para el que fue elegida.
Muchos, sin embargo, creen que se trata de una medida destinada a cambiar la composición de la JNJ para controlar este órgano, cuya importancia se mide en el hecho de que nombra y destituye a jueces y fiscales y tiene que ver con el nombramiento de autoridades electorales.
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