La imputada, que también utilizaba el nombre de Myrna Oliveras-Santiago, incurrió en fraude postal, uso indebido de números de Seguro Social y robo de identidad agravado, según los documentos judiciales con fecha del 6 de marzo de 2024.

Faría fue empleada por la Administración del Seguro Social (ASS) desde 1991 hasta 2019 como “Especialista en Seguro Social” y “Especialista en Reclamaciones” en la Unidad de Apoyo a la Carga de Trabajo en San Juan.

Desde marzo de 2012 hasta marzo de 2024, malversó y robó fondos de la ASS, a saber, beneficios del seguro de jubilación, beneficios del seguro de sobrevivientes y pagos de beneficios auxiliares, a los que sabía que no tenía derecho.

En total, Faría robó aproximadamente un millón 812 mil 455.10 dólares, utilizando su posición dentro de la ASS para presentar reclamos falsos en nombre de otros, utilizando la identidad de personas que creía fallecidas, detalló Muldrow.

Luego aprobó esas afirmaciones falsas y presentó su propia información bancaria y de dirección para recibir de manera fraudulenta los ingresos correspondientes del beneficiario del Seguro Social.

Según las autoridades, Faría procedió a retirar, transferir y gastar el dinero de las cuentas que obtuvieron fraudulentamente los fondos de la ASS y a lo largo de 12 años, presentó y aprobó 13 reclamaciones fraudulentas y a la fecha de emitirse la acusación seguían activas un total de 10 de estas solicitudes y seguía recibiendo dinero.

Si es declarada culpable, la acusada enfrenta las siguientes penas máximas: 10 años de prisión por robo de propiedad del gobierno; 20 años por fraude postal; cinco años por uso indebido de números de Seguro Social, y una sentencia consecutiva obligatoria de al menos dos años por los cargos de robo de identidad agravado.

Un juez de un tribunal de distrito federal en Puerto Rico determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas y otros factores legales. La fiscal adjunta especial Vanessa D. Bonano-Rodríguez está procesando el caso.

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