Según reconoció la Cámara de Comercio Central (CCC) del país, cerca del 90 por ciento de las firmas que operan en el sector externo de la economía registraron perjuicios a causa del litigio entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales.
Un 37 por ciento de las 81 firmas consultadas, en la primera quincena de este mes, consideró que los daños son sustanciales, señaló la fuente.
Desde la óptica patronal, las huelgas afectan la reputación de las empresas y originan consecuencias económicas de largo alcance, señaló la directora para asuntos internacionales de la CCC, Paivi Pohjanheimo.
En lo que va marzo, “de hecho han parado las exportaciones”, agregó la funcionaria.
Por el momento, las agrupaciones sindicales prevén mantener las movilizaciones hasta fines del presente mes, en contraposición a los planes del Ejecutivo de introducir reformas relativas a las pensiones, el pago de baja por enfermedad, el desempleo, la cuota de seguro, la facilitación del procedimiento de despido y el derecho a huelga, entre otras cuestiones.
Pese a los reclamos de los trabajadores, representantes del Gobierno alegaron que los ajusten son imprescindibles y no se suspenderán.
El pasado miércoles la Organización Central de Sindicatos de Finlandia (SAK), la mayor confederación sindical del país, informó que extendería la protesta hasta el 31 de marzo, luego del fracaso de las negociaciones con el ministro de Trabajo, Arto Satonen.
“Estamos decepcionados. Esperábamos imparcialidad y una suavización de unas medidas que son duras para los trabajadores, pero el Gobierno no ha accedido y va a seguir impulsando muchos objetivos de la patronal que son negativos para los asalariados», dijo el secretario general de la SAK, Jarkko Eloranta, en un comunicado.
Muchas de las modificaciones que plantea la coalición gubernamental, advirtió, no tendrán ningún efecto sobre la creación de empleo o el equilibrio de las finanzas públicas, como defiende el Ejecutivo.
De acuerdo con estimaciones sindicales, alrededor de siete mil trabajadores finlandeses participan en la actual ola de descontento contra los cambios anunciados en la legislación laboral, los recortes en el sistema de bienestar social y la modificación de las normas sobre la negociación colectiva.
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