Así lo calificó la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), que reconoció la sentencia como histórica y “un paso clave hacia la justicia y la reparación” para las víctimas de la polución causada por la fundición metalúrgica de la ciudad centroandina de La Oroya.

El fallo fue emitido hoy, a 19 años de la denuncia de 80 ciudadanos de La Oroya, cuya salud fue afectada por la contaminación, sin que las autoridades atendieran su demanda de protección. De ellos, la mayoría han emigrado a otras ciudades para proteger su salud y varios han muerto por el efecto de la contaminación.

“¡Finalmente, las 80 víctimas de la contaminación en La Oroya alcanzarán la justicia que tanto merecen!”, comentó la congresista Sigrid Bazán sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que está adscrito Perú.

La sentencia ordena al Estado peruano que pague una reparación a los afectados y a las familias de los finados, así como a elaborar un plan de reubicación para los afectados y realizar un estudio para determinar la contaminación de aire, agua y suelo de la zona.

La también congresista Ruth Luque resaltó que el fallo coincida con el Día Mundial del Agua, en referencia a que la contaminación de las fuentes de agua es una de las consecuencias de la minería que irrespeta el medio ambiente, lo cual genera conflictos sociales.

“Es relevante preguntarnos, a raíz de este emblemático caso, ¿Cómo se piensa hacer minería en el Perú en los próximos años?”, agregó la parlamentaria.

El coordinador del Área Legal de Aprodeh, Christian Huaylinos, quien apoya la demanda desde hace 12 años, declaró que la sentencia genera jurisprudencia internacional para la protección de los derechos ambientales.

Refirió que la contaminación se agravó a extremos después que en 1997 el gobierno subastó la planta metalúrgica estatal a la transnacional Doe Run, flexibilizó las normas ambientales y establecer un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental.

El programa debía enfrentar la contaminación pero Doe Run nunca lo ejecutó y, tras varias ampliaciones del plazo establecido, abandonó la planta.

Señaló que no solo los 80 denunciantes han sufrido la contaminación, pues afecta a toda la población por el efecto dañino, lento pero grave, de las emisiones de metales pesados por las cuales La Oroya fue considerada la ciudad más contaminada del mundo.

Mencionó el cadmio, el arsénico y el plomo, además del óxido de azufre que, al penetrar al organismo, afectan los órganos blandos, los huesos y el sistema neuronal y dañan sobre todo a niños y mujeres embarazadas.

De otro lado, el viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Luigino Pilotto, declaró que el Gobierno aguarda su notificación para ejecutarlo, pues el Ejecutivo tiene un plazo de un año para informar de su cumplimiento.

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