La víspera los diputados aprobaron en la generalidad, con 90 votos a favor, ninguno en contra y 66 abstenciones, la propuesta que busca adecuar y fortalecer la lucha penal contra las actividades mineras ilegales, tipificar los delitos y los fines de las penas.

Ahora el proyecto deberá ser discutido en las comisiones especializadas antes de volver al plenario para un nuevo análisis y votación.

De acuerdo con el secretario de Estado de Recursos Minerales, Jánio Correa Victor, en el país existen cerca de un millón 26 mil mineros, en su mayoría extranjeros, y 296 grandes dragas en situación ilegal.

Durante la presentación del tema ante el Parlamento, el funcionario explicó que entre 2018 y 2023 se registraron y judicializaron un total de mil 292 causas penales relacionadas con la actividad minera ilegal, causando un daño incalculable a la economía nacional.

La propuesta legislativa establece procedimientos rápidos para la confiscación y apropiación a favor del Estado de los instrumentos y productos del crimen, con el objetivo de desalentar y criminalizar estas conductas que tienen un impacto nocivo sobre el medio ambiente, la vida humana, la salud pública, el sustento de las comunidades, la economía y el desarrollo.

El proyecto prevé penas de entre tres meses y ocho años de prisión, así como multas de cuatro millones de dólares, en correspondencia con la gravedad del delito.

La minería ilegal suele estar asociada al uso de equipos, dispositivos y productos químicos peligrosos y nocivos, además de al sostenimiento de conflictos armados violentos, la delincuencia organizada, el terrorismo, el trabajo infantil y esclavo, y el tráfico de drogas y de armas, entre otros.

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