Este viernes, apenas 24 horas después del análisis en el legislativo, el mandatario envió un oficio a la Asamblea en el cual insiste en su distribución de recursos.
El Ejecutivo sostiene que los cálculos de las asignaciones están basados en el déficit fiscal que enfrenta el Ecuador y en proyecciones que resultaron alteradas por la aplicación de la muerte cruzada por el exmandatario Guillermo Lasso en 2023.
Se espera que en 2024, con las medidas adoptadas y la reactivación de la economía, los supuestos macroeconómicos registren mejores resultados y el déficit pueda reducirse, concluye el documento.
Anoche, con 73 votos, el plenario aprobó una moción del legislador Jorge Álvarez, del Partido Social Cristiano (PSC) y vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico, quien consideró «lamentable» que la proforma contemple reducción en los presupuestos para educación y salud.
Varios legisladores instaron al Gobierno de Noboa a incluir en la proforma los recursos provenientes del Incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que subirá del 12 al 15 por ciento a partir del 1 de abril, y otras contribuciones aprobadas en la Ley para el financiamiento del conflicto armado interno.
También durante el debate de este jueves, la asambleísta Jahiren Noriega, de la Revolución Ciudadana (RC), cuestionó, por ejemplo, que las asignaciones para las universidades sean más bajas que en 2023.
El presupuesto general del Estado pospuesto para este año es de 35 mil 536 millones de dólares y se centra en la seguridad, área a la que asignaron tres mil 519 millones.
Entretanto, para el sector de la salud, el gobierno destinó cuatro mil 491 millones de dólares, mientras que para la educación cuatro mil 641 millones.
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