miércoles 17 de abril de 2024
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Desiste de asumir titularato suplente de Junta Nacional de Justicia

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Lima, 25 mar (Prensa Latina) La reposición por un amparo judicial de dos importantes magistrados de la Junta Nacional de Justicia de Perú, tiende a consolidarse hoy, por el acatamiento de un suplente que iba a jurar una plaza esta noche.

El suplente Abraham Siles, promovido tras la inhabilitación por el Parlamento de los jueces Inés Tello y Aldo Vásquez, envió una carta en la cual señala que

Abraham Siles envió una misiva al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, tras la cual este suspendió el acto de juramentación.

En la misiva, le informa a Gutiérrez -titular de la comisión que conduce la elección de miembros de la JNJ- que la medida cautelar dictada por la Corte Superior de Lima, que el viernes ordenó la reposición de Tello y Vásquez inviabiliza la juramentación.

“Tratándose de un mandato judicial vinculante y de efectos jurídicos inmediatos, no corresponde ya la juramentación a la que usted me convocó”, dice Siles, pese a que el Parlamento rechazó el dictamen judicial.

El amparo suspende la inhabilitación hasta que el sistema de justicia dictamine en la última de sus instancias sobre el fondo de la apelación de Tello y Vásquez en un lapso que se pefila mayor al final del manato de los dos magistrados, endiiembre próximo.

Al expresar irritación por el dictamen judicial, el Legislativo

invoca un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que determina que las decisiones de competencia del Parlamento no pueden ser afectadas por decisiones judiciales.

Sin embargo, el TC exceptuó de esa prohibición a las decisions que afecten derechos fundamentales, lo que habría ocurrido en el caso de Tello y Vásquez.

El Parlamento sostuvo además que la decisión de la corte limeña tiene un sesgo político, mientras juristas, legsladores y otros sectores progresistas señalan que la inhabilitación de los dos magistrados apunta al objetivo congresal de controlar a la Junta de Justicia, que nombra y destituyes jueces y fiscales.

El objetivo, según ese enfoque, es proteger a políticos y exgobernantes enjuiciados o juzgados por corrupción y otros cargos. oda/mrs

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