En un video difundido en las redes sociales, Vela afirmó que la fuerza pública no tolerará «ningún acto que pretenda -bajo la fuerza o la intimidación- obligar a la sociedad a actuar en contra de su voluntad», en referencia a las movilizaciones contra el extractivismo en la comunidad de Palo Quemado, provincia de Cotopaxi.
El jefe castrense recordó que el país está bajo estado de excepción, medida que limita el derecho de libertad de reunión, entre otras garantías, por lo cual cuestionó la existencia de un grupo organizado que protesta en esa zona y supuestamente está «equipado con armas altamente peligrosas”.
En respuesta, el líder de la Conaie expresó su indignación frente a las acciones que el gobierno nacional ha decidido implementar.
En un pronunciamiento en la noche de este martes, Iza rechazó cómo desde el Ejecutivo insisten en posicionar la narrativa de que son terroristas, cuando en realidad en la parroquia Palo Quemado la población lucha contra la imposición de un proyecto minero.
La intención de imponer ese relato de estigmatizar a indígenas, campesinos, activistas y movimientos sociales, viene desde los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) y buscan allanar el camino para saquear recursos naturales, subrayó Iza.
Acusó al Estado de cometer actos de violencia, fuerza e intimidación contra la población que se opone a la minería por sus consecuencias para la naturaleza, el agua y la ciudadanía.
Insistió en que en Palo Quemado no hay terroristas, ni minería ilegal, ni narcotráfico, es una zona altamente productiva de carne, panela y ayudan a alimentar a las grandes ciudades.
Tras los recientes acontecimientos, que dejaron varios heridos en esa comunidad, llamó a desmilitarizar la zona y a no imponer una consulta ambiental que debería ser libre, previa e informada, como determina la ley.
Reiteró la convocatoria para mañana realizar acciones de resistencia en Palo Quemado y también en Quito, donde hoy ya hubo una protesta frente a la embajada de Canadá, país de la empresa Atico Mining, la cual busca implementar el proyecto La Plata para extraer oro y otros minerales.
Para avanzar con esa iniciativa extractiva es necesario, desde el punto de vista legal, realizar una consulta ambiental a los residentes del área.
El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica inició el proceso, pero un juez de Ecuador lo suspendió temporalmente con una medida cautelar.
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