Brasil y la disputa por el poder en la economía digital

Brasilia, 16 nov (Prensa Latina) La disputa por regular el poder económico de las grandes plataformas digitales enfrenta hoy en Brasil a organizaciones sociales, juristas y sectores empresariales con las principales compañías tecnológicas, interesadas en frenar una iniciativa gubernamental.

El centro de la controversia es el Proyecto de Ley 4.675/2025, presentado por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca modificar las reglas de defensa de la competencia para impedir que las grandes corporaciones utilicen su posición dominante para controlar los mercados digitales y condicionar la actividad de otros actores económicos.

La propuesta, cuyo debate está previsto para este martes 17 en la Cámara de Diputados, amplía las facultades del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), organismo brasileño encargado de prevenir y sancionar prácticas que perjudican la competencia.

Uno de sus cambios fundamentales es introducir un mecanismo de regulación preventiva, conocido como ex ante, que permitiría actuar antes de que se produzcan daños al mercado.

Para ello, el proyecto contempla crear una Superintendencia Especial de Relevancia Sistémica, Libre Competencia y Defensa del Consumidor en Mercados Digitales dentro del Cade y establecer la categoría de agentes económicos de relevancia sistémica.

El organismo tendría que evaluar cada caso y determinar qué medidas específicas necesita aplicar a determinados productos o servicios, mediante procedimientos fundamentados y con garantías de defensa para las empresas.

La iniciativa también busca impedir que las empresas dominantes aprovechen su control de infraestructuras digitales para imponer condiciones comerciales desfavorables, vincular servicios o dificultar el acceso de otros proveedores a los consumidores.

El respaldo al proyecto reúne a juristas, economistas, organizaciones de derechos digitales, entidades de defensa del consumidor y sectores empresariales que consideran necesario equilibrar las relaciones de poder en la economía digital.

Un manifiesto divulgado por especialistas, entre ellos la exconsejera del Cade Ana Frazão y el expresidente del organismo Vinicius Marques de Carvalho, sostiene que la concentración de infraestructuras esenciales en pocas compañías amenaza la libertad económica de empresas, trabajadores y usuarios.

Su argumento es que las grandes plataformas no se limitan a ofrecer servicios: también establecen las condiciones de acceso a consumidores, mercados y datos. Así, pueden actuar como intermediarias indispensables y, al mismo tiempo, competir con los propios negocios que dependen de ellas.

Por separado, 64 organizaciones de la sociedad civil suscribieron la Agenda Común de la Sociedad Civil para lo Digital 2026-2030 (Nosso Digital), que incluye entre sus reivindicaciones la aprobación de reglas de competencia para los mercados digitales.

En otra manifestación pública, 17 organizaciones, entre ellas Sleeping Giants, InternetLab, Coalizão Direitos na Rede y Data Privacy Brasil, defendieron la aprobación de la iniciativa y destacaron su importancia para limitar la concentración económica y ampliar las oportunidades de competencia.

Por otro lado, la resistencia procede principalmente de las propias compañías tecnológicas y de las asociaciones que defienden sus intereses.

La Asociación Latinoamericana de Internet, que representa a grandes plataformas tecnológicas como Amazon, Google, Meta, TikTok y X, cuestiona la iniciativa y advierte sobre sus posibles efectos en las inversiones y la innovación.

Estas corporaciones cuestionan la amplitud de las facultades que recibiría el Cade y consideran que algunos criterios para determinar qué empresas estarán sujetas a las nuevas reglas carecen de suficiente precisión.

Advierten que las evaluaciones caso por caso podrían generar inseguridad jurídica, dificultar la planificación de inversiones y elevar los costos de operación.

Otro punto de desacuerdo es la posibilidad de que el organismo imponga obligaciones antes de comprobar una infracción. Para los representantes empresariales, el tamaño o la relevancia de una compañía no deberían justificar por sí solos intervenciones regulatorias.

También advierten que las exigencias sobre interoperabilidad, acceso a datos y funcionamiento de algoritmos podrían afectar la seguridad de los sistemas, la protección de información y el desarrollo de nuevas tecnologías.

Los opositores parlamentarios y sectores de derecha han añadido a sus críticas el argumento de que la regulación podría abrir espacios para la censura.

Sin embargo, el proyecto tiene naturaleza económica y no establece mecanismos para eliminar publicaciones ni regular directamente los contenidos de las redes sociales.

Así lo ha aclarado el propio relator, Aliel Machado (Partido Verde), quien distingue esta iniciativa de otra discusión legislativa sobre la regulación de contenidos digitales.

De momento, Machado intenta reunir respaldo para llevar el proyecto de ley al plenario, mientras las grandes tecnológicas presionan para aplazar la votación y ampliar el debate, y la propuesta también enfrenta resistencia de partidos del llamado Centrão y de la oposición.

car/mar

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