La Corporación Aceros del Pacífico (CAP), dueña de la fundición, acusa a exportadoras chinas de supuesto dumping por vender acero a un precio menor del costo de producción y exigió aplicar aranceles adicionales o, de lo contrario, amenazó con detener sus operaciones.
Tras la denuncia, la Comisión Antidistorsiones, un organismo multidisciplinario encargado de estudiar el comportamiento de los mercados, accedió a imponer una carga extra a los productos del país asiático que va desde 9,2 hasta 22,5 puntos a determinadas empresas.
Este miércoles salió publicado en el Diario Oficial el decreto correspondiente, pero el monto de los aranceles no fue aceptado por la CAP, que siguió adelante con su plan de cierre.
Algunos economistas señalaron que los problemas de Huachipato tienen más que ver con la ineficacia de la industria y no tanto con los precios de la competencia internacional.
Los sindicatos de la siderúrgica denunciaron que antes de conocerse la renuncia de Garrido ya habían comenzado los despidos del personal indirecto y reclamaron al ministro de Economía, Nicolás Grau, una solución al problema.
Una eventual paralización de la acería, además de destruir miles de empleos, causará graves problemas económicos a otras empresas de la región del Biobío, donde está ubicada.
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