El juez constitucional Jonathan Valencia declaró infundada la petición de dejar sin efecto la denuncia en su contra por homicidio calificado y lesiones graves durante las protestas sociales contra su ascenso, por sucesión, a la Presidencia tras la vacancia (destitución) del mandatario Pedro Castillo.
La gobernante planteaba también la nulidad de la denuncia por delito de genocidio, cargo presentado junto a los anteriores por la Fiscalía de la Nación.
Las manifestaciones dejaron un rastro de 50 muertos pero la denuncia se refiere solo a la primera etapa de las protestas, entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
Boluarte alegaba que los actos de la Fiscalía vulneraron sus derechos constitucionales a la debida motivación de resoluciones y desnaturaliza la inmunidad presidencial.
El dictamen fue emitido ayer y detalla que las acciones fiscales cumplieron con los estándares establecidos y son adecuadas, suficientes y congruentes y no han violado los derechos de la demandante.
En cuanto a la supuesta vulneración de la inmunidad presidencial, el magistrado precisó que los jefes de Estado no está exentos de procesos de investigación, aunque solo pueden ser acusados por delitos acotados como la traición a la patria.
El fracaso del intento de Boluarte de librarse de la investigación referida, se produjo el mismo día en que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, manifestó que la gobernante ha incurrido en rebeldía, al frustrar dos diligencias en el marco de las pesquisas por la posesión no declarada de tres costosos relojes Rolex.
La mandataria no recibió al fiscal que iba a interrogarla sobre el caso de posible enriquecimiento ilícito y al que debía mostrar para su examen con miras a establecer su procedencia.
La presidenta recibe múltiples críticas por eludir a los fiscales, tras declarar que iba a decirles toda la verdad, antes de dar explicaciones a la ciudadanía sobre los relojes que no mencionó en su declaración oficial obligatoria anual de bienes.
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