El tribunal ordenó a la Fiscalía formalizar el proceso preparatorio contra la exmandataria por recabar aportes al partido Perú Libre, del que fue expulsada tras asumir la presidencia en reemplazo del presidente Pedro Castillo, en diciembre de 2022.

La decisión fue precedida por una indagación preliminar en la que la Fiscalía recoge elementos de convicción que justifican una investigación preparatoria de un juicio.

Según las pesquisas previas, Boluarte recibió en una cuenta privada a su nombre aportes para la campaña electoral que en 2021 llevó a la Presidencia a Castillo y también la habría usado para solventar un juicio contra el hoy prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Las indagaciones incluyen a Braulio Grajeda, Eddy Misari, Rogelio Huamani, Edgar Aranda, Carlos Pimentel, Percy Rivera y Mercedes Carrión, y la decisión del juez autoriza a los fiscales a investigar a la exmandataria durante 36 meses.

El ascenso de las pesquisas del nivel preliminar al preparatorio fue rechazado con anterioridad por un juez que, además, desestimó el pedido de la Fiscalía de impedir la salida del país de la exgobernante, solicitud que no ha planteado esta vez.

Boluarte ha sido acusada en varios otros casos, el más importante el de las 50 muertes de civiles abatidos por armas de fuego durante las operaciones militares y policiales contra su ascenso al gobierno tras la destitución de Castillo.

El Parlamento que la eligió como sucesora de Castillo archivó esa y otras imputaciones en su contra y además exculpó a los mandos militares y exministros involucrados en las citadas muertes.

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