El documento precisa que solo una pequeña parte de los acusados por esos delitos fueron procesados y mucho menos son los condenados.
Recuerda que debido al uso desproporcionado, arbitrario e innecesario de la fuerza y la brutalidad de policías y militares, un número considerable de personas murieron y miles resultaron heridas, entre ellas muchas con daños oculares por el uso de la escopeta antidisturbios.
Al comité la preocupa la falta de datos oficiales sobre torturas, malos tratos y violencia sexual durante la revuelta social que comenzó en 2019 contra el aumento del pasaje del metro, pero que después se extendió a todo el país en rechazo al modelo neoliberal.
También expresa preocupación por la nueva ley conocida como Nain-Retamal que-según expertos de Naciones Unidas- podría dar un tratamiento privilegiado a los agentes estatales.
Esta legislación da más facultades a las policías para el uso de sus armas de fuego.
El Comité, con sede en Ginebra, recomienda al Estado chileno una mejor formación en materia de derechos humanos a las fuerzas de seguridad, tras señalar que en la educación a Carabineros hay un número bajo de asignaturas dedicadas a este tema y no hay ninguna mención al Protocolo de Estambul contra la tortura.
El séptimo informe de esa instancia sobre Chile dio la bienvenida a la reciente creación del Plan Nacional de Búsqueda para los detenidos-desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Sin embargo, muestra su inquietud por el considerable número de casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias aún sin sentencia.
Dados los años transcurridos, “se pone en peligro el derecho a la justicia y la reparación de las víctimas y sus descendientes, y se posibilita la impunidad de los perpetradores”, destacó el informe publicado este jueves.
El comité, formado por 18 expertos, estuvo presidido por la paraguaya Tania María Abdo.
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