Según reveló Carolina Corcho, miembro de la Comisión de Seguimiento de los Recursos de la Salud en el país, cuatro de estas entidades presentan una presunta pérdida total de 11,8 billones (un millón de millones) de pesos, poco más de tres mil millones de dólares al cambio actual.

“Estos recursos no están invertidos en reservas técnicas, no están en caja y tampoco en pago a clínicas, hospitales y proveedores, ¿dónde están?”, cuestionó la funcionaria y exministra de Salud.

El hallazgo de las anomalías, declaró, fue descubierto durante el análisis de los estados financieros y contables del 2023 que radicaron las EPS ante la Superintendencia de Salud.

De acuerdo con Corcho, el presunto desfalco se dividiría fundamentalmente entre la EPS Sanitas, Nueva EPS y en Salud Total.

Tras la divulgación, algunos congresistas del Pacto Histórico abogaron a favor de la aprobación de la reforma al sistema sanitario planteado por el presidente Gustavo Petro, actualmente estancado en el Senado.

“Las EPS y sus congresistas aliados se la pasan diciendo que el problema financiero es porque no alcanza el pago que gira el Estado por cada usuario a las EPS, pero no son capaces de dar cuenta del dinero público que ya se le da”, comentó a propósito el legislador David Racero.

El propio gobernante del país destacó en su red social X cómo un análisis de la Nueva EPS arrojó una falsa contabilidad.

Denunció que seis billones de pesos (más de mil 500 millones de dólares al cambio actual) entregados por el gobierno para atención en salud de sus afiliados, no fueron usados en esos propósitos.

Esta no es la primera ocasión en las que surgen irregularidades asociadas al funcionamiento de las EPS, que son las entidades responsables de la afiliación y registro al sistema de la regularidad social y de la prestación del plan obligatorio de salud.

Durante febrero pasado, un informe de la Contraloría General divulgó que 26 EPS adeudan 25 billones de pesos (unos seis mil 385 millones de dólares al cambio actual) a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y proveedores de medicamentos y tecnologías, mientras que 16 no cumplen con algunos indicadores establecidos por la ley.

Añadió el reporte que 21 de estos centros, a las cuales están afiliados ocho de cada 10 colombianos, no cumplen con las reservas técnicas a las que están obligadas.

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