Se espera que este martes un juez se pronuncie sobre la continuidad o la anulación de ese proceso impuesto por el presidente Daniel Noboa.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), junto a otras organizaciones sociales, dieron a conocer a través de sus redes sociales que se concentrarán esta tarde en los exteriores del Ministerio de Energía y Minas en esta capital, para exigir que la empresa minera canadiense Ático Mining abandone el país andino.
🔴 #RESISTENCIA | Más de mil campesinas y campesinos de Palo Quemado y Las Pampas marchan por las calles de Sigchos, para exigir que paren la violencia minera en #Cotopaxi y la anulación definitiva del proceso de consulta ambiental impuesto por el gobierno de @DanielNoboaOk. pic.twitter.com/nO9ZsCvKdv
— Frente Nacional Antiminero (@FNAntiminero) April 2, 2024
Este lunes, la Alianza por los Derechos Humanos aquí pidió al Gobierno investigar el uso desproporcionado de la fuerza en Palo Quemado, donde hubo enfrentamientos entre uniformados y residentes opuestos a un proyecto minero.
En la misiva, el colectivo señaló que los habitantes de Palo Quemado fueron víctimas de abusos de la fuerza pública mientras se encontraban en ejercicio de sus derechos y en resistencia contra la imposición de procesos administrativos inconstitucionales para favorecer intereses corporativos.
Incluso, afirman que el juez Mesias Robayo, quien suspendió el 25 de marzo la consulta ambiental que el Gobierno buscaba imponer para avanzar con el proyecto minero, fue gravemente herido luego de esa orden.
La Alianza cuestionó cómo desde el Ejecutivo consideran «terroristas» a campesinos e indígenas que defienden la tierra, calificación con implicaciones respecto del uso inadecuado de recursos y servidores públicos quienes deberían cumplir otras obligaciones prioritarias en vez de estar al “servicio de intereses corporativos privados”.
El Frente Nacional Antiminero informó que los uniformados se retiraron el pasado sábado de Palo Quemado tras varias jornadas de represión y cuatro días después de la orden judicial.
La militarización de esa comunidad respondía a la orden del gobierno de Daniel Noboa de imponer una consulta ambiental del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, requisito indispensable para establecer el proyecto minero La Plata, a cargo de la empresa canadiense Atico Mining.
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