La renovación de títulares de 6 de 18 ministerios se produjo anoche, en medio de la severa crisis política originada por la revelación de la adquisición de relojes de lujo por la mandataria, no declarada ni explicada.
El cambio de los ministros del Interior, Educación, Agricultura, Producción y Comercio Exterior y Turismo, fue producto de la recomposición negociada del gabinete ministerial, según la parlamentaria centrista Susel Paredes.
Añadió que los cambios aseguran el voto de confianza Gobierno-Parlamento, el cual confirma una alianza entre el primero y el bloque mayoritario congresal de derecha extrema y centroderecha, cuyos legisladores lo niegan, aunque apoyan a la presidenta en al crisis de los relojes.
Similar opinión manifestó el analista Alejandro Godoy, quien señaló que el Gobierno ofreció algunas carteras a esos partidos para obtener la confianza, sin la cual el gabinete ministerial en pleno tendría que renunciar obligatoriamente. La prensa reveló inicialmente que los ministros de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo; Mujer y Poblaciones Vunerables, Ángela Hernández, y Agricultura, Ángel Manero, figuran, respectivamente, en los registros de militantes de los partidos Avanza País, Morado y Somos Perú.
Los partidos Morado y Somos Perú negaron que Hernández y Galdo hayan sido autorizados para integrar el gobierno, negaron alianza alguna con el Gobierno y el primero anunció un proceso interno contra la flamante ministra de la Mujer.
Para el diario La República, el gobierno usa los cambios ministeriales para congraciarse con sus aliados del Congreso, en una maniobra para obtener la confianza del Congreso en el nuevo gabinetete de ministros.
El analista Iván Hurtado pronosticó que los nuevos ministros serán “escuderos”, es decir defensores a ultranza, de la presidenta Boluarte ante los cuestionamientos y denuncias que recibe por el tema de sus costosos relojes.
La ex primera ministra Mirtha Vásquez declaró que la venia del Congreso al nuevo gabinete está asegurada en virtud de lo que llamó un pacto corrupto por el cual el Legislativo protege a la presidenta y lo seguirá haciendo aunque comenta un delito flagrante.
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