Mediante un comunicado, representantes de las comunidades de la costa sur, departamento de Huehuetenango y la alcaldía indígena de San Juan Cotzal señalaron la falta de mecanismos y políticas para el uso adecuado de los bienes naturales.
“Los problemas ambientales y sociales aumentaron de manera alarmante en los últimos años”, describieron, y ejemplificaron con basureros clandestinos, el uso inmoderado de productos desechables y la contaminación con agrotóxicos.
Incluyeron los vertederos de aguas grises y desechos de la agroindustria, fumigaciones aéreas y la zafra, secuestro y desvío de ríos, secamiento, salinización, contaminación y la disminución de las fuentes del vital líquido.
Así, afirmaron, vulneran nuestro derecho al agua, a la salud, a la alimentación, a un ambiente sano, lo cual afecta las formas y medios de vida de las comunidades y se constituyen en gravísimas violaciones a los derechos humanos.
Relacionaron estas problemáticas con el modelo capitalista impuesto por las empresas, que despojaron a familias y comunidades de sus tierras, algo basado única y exclusivamente en buscar el crecimiento económico de unos cuantos, acotaron.
Las organizaciones y autoridades ancestrales expusieron los intentos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y empresas de agroquímicos de continuar con la promoción de la iniciativa denominada Ley Monsanto.
En el texto denunciaron la intimidación, amenazas y criminalización de las y los líderes comunitarios por parte de las entidades, las cuales –comentaron- dividen y generan conflictos dentro de las comunidades.
También, la falta de apoyo del Gobierno para buscar soluciones inmediatas a las problemáticas medioambientales que permitan el bienestar y el bien común de la población.
Asimismo, la de voluntad y respuesta de las instituciones públicas como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, la Fiscalía, Procuraduría de los Derechos Humanos, las Municipalidades y la Gobernación para atender sus demandas.
Sumaron el acaparamiento, secuestro y desvío de ríos por parte de los monocultivos, hidroeléctricas, minería y otros proyectos extractivos que impactan de manera directa familias y comunidades por la falta de agua para su uso y consumo.
Exigieron a los tres poderes del Estado, que escuchen a los pueblos y comunidades y que se dejen sin efecto los avances para promover la aprobación de la Ley Monsanto.
Finalmente instaron a la actual administración a retomar con urgencia la construcción colectiva y la aprobación de una Ley de aguas y su política pública desde el enfoque de pueblos originarios mayas.
ro/znc
