A través de un mensaje en la red social X, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, informó anoche que El Aissami, el exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fondo para el Desarrollo Nacional Simón Alejandro Zerpa, junto al empresario Samark López, fueron presentados ante la justicia.
Explicó que el juez de la causa admitió el procedimiento y la calificación fiscal solicitada por los delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencia, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Saab detalló que el móvil de “esta pluralidad de delitos” fue promovido para ejecutar una “conspiración económica simultáneamente con la corrupción”, con el objetivo de lograr la implosión de la economía.
Esta se haría a través de la destrucción de la moneda nacional y el “alza astronómica del dólar paralelo”, a fin de producir el caos económico financiero y la violencia social, señaló.
Declaró que para ello usaron la “distracción de los fondos públicos” de la empresa estatal Petróleo de Venezuela (Pdvsa) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para que los mismos “fuesen distraídos” por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).
El titular del Ministerio Público reveló que el propósito luego era blanquear capitales a cuentas particulares de dichos corruptos, así como la compra de bienes de alta gama, sin que las sumas de dinero producto de la venta de crudo ingresaran al Estado a través del Banco Central de Venezuela (BCV).
En conferencia de prensa Saab explicó el pasado martes los nuevos elementos de lo que denominó “segunda fase de la investigación” de la operación en la que estuvieron implicados Pdvsa, la CVG y Sunacrip.
Hasta la fecha un total de 57 personas fueron acusadas por sus implicaciones en este sonado caso, todas, dijo, “detenidas, imputadas y acusadas”, mientras sobre otras 17 pesan órdenes de aprehensión.
Reveló que la delación de cinco detenidos -acogidos a la protección de testigos- aportó nuevos elementos que permitieron avanzar en las investigaciones para identificar a los cabecillas de esta trama que, según datos divulgados sin confirmar por fuente oficial, ocasionaron pérdidas económicas por miles de millones de dólares.
El fiscal general manifestó que lograron desmembrar una red de funcionarios que usaban sus cargos para “realizar operaciones petroleras ilegales”, y no descartó que los altos funcionarios estuvieran vinculados con el gobierno de Estados Unidos.
Sobre el modus operandi enunció que se valían de las llamadas “empresas maletín” y pagaban en criptomendas en el extranjero para manejar “ese dinero a su antojo” e impedir que los fondos ingresaran al BCV.
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