Con esta decisión el país vecino pretende disponer de los recursos energéticos en áreas marítimas sin delimitar, y “pueden comprometer recursos de Venezuela”, señaló la Cancillería en un comunicado.
El texto objetó “la secuencia de actos ilegítimos” perpetrados por Guyana, al violentar radicalmente el Derecho Internacional, mediante una cadena de abusos y transgresiones fuera de la legalidad internacional y del cumplimiento de sus compromisos con Caracas el 14 de diciembre último en Argyle.
Precisó que Georgetown “no posee derechos soberanos sobre estas áreas marinas” y, en consecuencia, cualquier acción dentro de estos límites contraviene las regulaciones y los acuerdos fijados por el Derecho Internacional.
Venezuela reiteró que toda concesión que Guyana otorgue o pretenda otorgar en las áreas en cuestión, “es inaceptable” en tanto que es violatoria del Derecho Internacional y la soberanía nacional.
Subrayó en ese sentido que la República Bolivariana “se ve en la obligación de advertir que tales acciones no generan ningún tipo de derechos a los terceros que participen en dicho proceso”.
El ministerio venezolano para Relaciones Exteriores declaró de forma contundente que los “asuntos marítimos entre los dos países no pueden ser resueltos unilateralmente por Guyana”.
Denunció que el fin último de estas actuaciones arremete contra el pueblo de Venezuela y embisten sus derechos soberanos, lo cual no será permitido por el Gobierno bolivariano.
La vicepresidente ejecutiva Delcy Rodríguez entregó el pasado lunes a la Corte Internacional de Justicia amplia documentación de lo que denominó “verdad sólida” y la posición oficial en relación con las bases históricas y actuales de su derecho soberano sobre la Guayana Esequiba.
Rodríguez ratificó en un comunicado el compromiso pleno de su país con los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y su absoluto e irrenunciable apego al Acuerdo de Ginebra, que ratificó como único instrumento válido para dirimir la controversia territorial con Guyana.
La vicemandataria aseveró que ese pacto fue rubricado el 17 de febrero de 1966 por Venezuela, el Reino Unido y la entonces Guyana Británica, con el objetivo de poner fin a la controversia territorial mediante un arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para todas las partes.
Guyana consideró días atrás en un comunicado como una “violación atroz” de los principios más fundamentales del derecho internacional, la Ley promulgada por el presidente Nicolás Maduro, en defensa del Esequibo.
La Cancillería guyanesa manifestó que “no tolerará la anexión u ocupación” de ninguna parte de su territorio soberano.
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