desarticulada en 2021 por imputaciones de selectiva y parcial en sus investigaciones.
Moro está acusado de irregularidades en la gestión de valores de acuerdos de delación premiada en la decimotercera Corte Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná.
El ponente de los casos es el corregidor nacional de Justicia, ministro Luis Felipe Salomón, quien la víspera determinó apartar a la jueza Gabriela Hardt, sustituta de Moro en la Lava Jato en 2018, y a otros tres magistrados del Tribunal Regional Federal de la IV Región (TRF4).
Salomón afirmó que, en el dictamen que determinó el alejamiento de la letrada que el CNJ, identificó indicios de que la jueza cometió crímenes de corrupción, prevaricación, desvío de dinero público, además de violación de deberes funcionales.
Hardt aprobó en 2019 un acuerdo entre la empresa petrolera de economía mixta Petrobras y la fuerza de tarea de la Lava Jato.
Según el corregidor, en la época, Hardt decidió que millones de capitales irían para una fundación privada que tendría entre sus administradores a integrantes de la operación judicial.
De acuerdo con Salomón, la jueza admitió haber intercambiado mensajes de texto con integrantes de la fuerza de tarea antes de cerrar el pacto.
En cuanto a los otros tres magistrados, el corregidor apuntó que cometieron irregularidades en la conducción de procesos y violaciones de deberes funcionales.
Precisó que los miembros de la Lava Jato, entre ellos Moro, actuaron para que la multa pagada por Petrobras fuera usada para intereses personales.
También el Partido de los Trabajadores anunció que recurrirá al Tribunal Superior Electoral contra la decisión de una corte regional que rechazó la revocación de mandato del senador.
Analizados en conjunto, los procesos apuntan a delitos como abuso de poder económico, uso de recursos e indebido de medios de comunicación durante la precampaña electoral de 2022.
El exjuez adquirió reputación nacional e internacional al comandar, entre marzo de 2014 y noviembre de 2018, el juicio en primera instancia de los delitos identificados en la Lava Jato.
Sin pruebas, castigó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2017 a nueve años y seis meses de prisión por supuestos actos de corrupción.
Luego desistió al cargo de magistrado y fue nombrado ministro de Justicia por el exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022). Más tarde dejó el puesto después que el exgobernante removiera sin consultarlo al entonces director de la Policía Federal, Maurício Valeixo, un hombre de su confianza.
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