Soria asumió el cargo en febrero de 2020 y la de hoy es la segunda destitución del abogado, pues en febrero de 2022 fue cesado por el gobierno del entonces presidente Pedro Castillo, hoy encarcelado e investigado por intentar la disoluición del Parlamento.
En el presente caso, Soria estaba suspendido y sometido a un proceso que determinó que ejerció el cargo de procurador sin tener experiencia en la defensa de los intereses del Estado, la que acreditó solo con su labor como asesor de la Defensoría del Pueblo.
Una comisión creada para investigar el caso, recomendó al Ministerio de Justicia la destitución, tras la alerta sobre la alegada situación irregular de Soria, planteada por el Órgano de Control Institucional de la Contraloría General.
La falta de la experiencia requerida fue invocada también por el Gobierno de Castillo para destituir al procurador, pero el motivo invocado fue el retiro de la confianza del Ministerio de Justicia en el funcionario.
El cese fue decretado después de que el procurador denunció a Castillo ante la Fiscalía de la Nación por patrocinio ilegal y tráfico de influencias y Soria apeló judicialmente contra la medida y la Corte Suprema la anuló con el argumento de que, por ser autónomo, el abogado solo podía ser destituido por falta grave y fundamentada.
Soria sostuvo una polémica con el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Josep Campos, quien pidió en 2023 su retiro debido a su insistencia en participar en el interrogatorio de la Fiscalía a la mandataria, en una investigación por muertes registradas en las manifestaciones contra su ascenso a la jefatura del Estado.
El hoy cesado procurador participó también en ese interrogatorio, autorizado por el juez, que desestimó el pedido del defensor de Boluarte.
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