Podrían convocar sesiones extraordinarias de legislativo panameño

Ciudad de Panamá, 16 abr ( Prensa Latina) El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, adelantó hoy que podría convocar a sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional (parlamento), para sancionar la llamada Ley de Sustentación Económica.

En su habitual conferencia de prensa semanal, el mandatario explicó que esa norma es vital para enfrentar en octubre una nueva verificación de la Unión Europea (UE), con el fin de que el país salga de una lista discriminatoria fiscal.

«Lo haré a su debido tiempo, pero es posible el próximo martes- en coincidencia con el Consejo de Gabinete- emita esa convocatoria», remarcó.

Desde 2019, la UE mantiene a la nación canalera en su lista negra de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal, a pesar de las exigencias del gobierno local de abandonar dichos listados.

Esta inclusión se da por supuestos incumplimientos en transparencia tributaria, mientras que en 2025 el país salió de las listas de alto riesgo de lavado de dinero.

En octubre de 2023, Panamá fue excluido de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al cumplir con una serie de parámetros y medidas para evitar el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros, pero aún permanece en ese tipo de listados fiscales del Viejo Continente.

El país istmeño fue asociado a los paraísos fiscales desde el caso conocido como Papeles de Panamá, una investigación periodística internacional a inicios de 2016, y que se destapó por la filtración de documentos del bufete de abogados Mossack-Fonseca, cuya principal actividad comercial era crear y administrar sociedades offshore (fuera de la plaza).

En otra parte de su comparecencia ante los informativos, el jefe de Estado reconoció la importancia institucional del procurador general, Luis Gómez, y del contralor, Anel Flores, al tiempo que afirmó que ambas figuras cumplen funciones claves dentro del Estado y cuentan con competencias claramente establecidas en la constitución y la ley.

Sobre la controversia surgida entre ambas entidades por una investigación relacionada con el exvicepresidente José Gabriel Carrizo (2019-2024), quien enfrenta cargos por supuesto enriquecimiento ilícito, evitó emitir juicios.

Mulino reveló que conversó por separado con ambos funcionarios involucrados en la disputa y dijo haber solicitado que se superen las diferencias para continuar con el trabajo institucional.

ro/ga

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