A la vez, aseguró que derogaría la antigua Ley 22 de 2012, que concede exenciones a inversionistas foráneos, particularmente de Estados Unidos, que establezcan su residencia en esta isla del Caribe, bajo el dominio colonial de la nación norteña.
Acompañado de los economistas Edwin Irizarry Mora y Francisco Catalá Oliveras, Dalmau Ramírez indicó que el gravamen de 15 por ciento proviene de un acuerdo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo firmado por 160 países para establecer una tasa universal del ingreso neto para las empresas foráneas.
Como parte de su programa Patria Nueva, anticipó que de ganar los comicios de noviembre de 2023 derogará la Ley 22 de 2012, contenida ahora en la Ley 60 de 2019, que ha contribuido al acaparamiento de inmuebles y el desplazamiento de sus barrios de ciudadanos de bajo ingreso.
El candidato a la gobernación de Puerto Rico por el PIP, en Alianza de País con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), aclaró que otorgaría beneficios no tributarios para las corporaciones foráneas que reduzcan sus costos operacionales, como el adiestramiento de mano de obra.
Igualmente, otorgarán financiamiento con tasas de intereses preferenciales para la expansión de infraestructura, servicios de salud y créditos para equipos de energía renovable, detalló el político, que en las elecciones de noviembre de 2020 alcanzó un impuso que el independentismo no lograba en décadas.
“Tenemos que transformar la política contributiva corporativa en Puerto Rico a una equilibrada y balanceada, (ya que) existen corporaciones, particularmente foráneas, que son o absolutamente exentas, algunas pagan un arbitrio especial de un cuatro por ciento porque son filiales de otras empresas estadounidenses”, precisó Dalmau Ramírez.
En contraposición, destacó el también Secretario General del PIP, las corporaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas pagan más de un 30 por ciento con relación a sus ingresos, lo que crea una falta de balance que no propicia el desarrollo económico del capital que se puede quedar en Puerto Rico, actualmente en bancarrota fiscal.
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