En un comunicado, la central sindical señaló que para realizar esas declaraciones es necesario “analizar los datos completos y explicar el mecanismo oculto de cómo se logró”.
En ese sentido, la CGT enumera las acciones que se llevaron a cabo bajo tal pretexto y que, en el marco de un fuerte ajuste, perjudicaron a los ciudadanos.
Los ingresos de los jubilados cayeron un 40 por ciento en términos reales en los últimos 12 meses y se ubicaron entre los registros históricamente más bajos, peores que los de 2001, explica el mensaje de esa organización.
Además, indica que el Ejecutivo nacional detuvo las transferencias a las provincias (un recorte del 62 por ciento, ajustado por la inflación), afectando servicios esenciales como la educación y la seguridad social.
Hubo también un desfinanciamiento de fondos creados para pagar a los docentes y a otros sectores con funciones esenciales.
Por otra parte, existen compromisos pendientes con compañías de energía y gas: “el Tesoro no cumple los contratos y acumula una deuda de alrededor de dos mil 200 millones de dólares. Si esa situación no se regulariza, las empresas privadas podrían entrar en problemas financieros graves colocando en riesgo el normal abastecimiento”.
La CGT también denunció el desfinanciamiento de la educación pública y las deudas contraídas con las universidades, cuyo presupuesto no se actualiza y los fondos no alcanzan para el normal desarrollo de sus actividades, por lo que no podrán funcionar a partir del segundo semestre de este año.
Asimismo, el Gobierno dispuso la interrupción de la obra pública, “atrasando o discontinuando proyectos estratégicos, vitales para reducir el gasto en subsidios y en importación de energía”.
Según la CGT, lo anterior tuvo, además, un costo social que significó la pérdida estimada de 100 mil puestos de trabajo hasta el momento.
“El supuesto superávit es consecuencia de la brutal recesión y el desplome de las importaciones, sumado a la diferencia por las importaciones no pagadas. La recesión para 2024 se prevé en el orden del cinco por ciento como piso, la mayor desde 2009”, advierte el comunicado.
“En números generales, el gasto primario de la Administración Pública Nacional cayó más de 35 por ciento interanual en términos reales. El 40 por ciento del recorte se explica por la disminución en jubilaciones y pensiones, un 15 por el menor gasto en subsidios energéticos y otro 15 por el freno de la obra pública. Entre esos tres rubros, está el 70 por ciento de la caída”, añade.
La central obrera reclamó la implementación de un verdadero programa económico que, desde un diálogo social abierto, incorpore perspectivas de crecimiento e inversión productiva para un genuino aumento del mercado laboral con fortalecimiento del ahorro y del valor de las pequeñas y medianas empresas.
También abogó por “un modelo inclusivo de desarrollo, producción y trabajo que comience a reparar un tejido social agobiado por la pobreza de amplios sectores”.
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